Lima, 08 Febrero 2009, (PL).- El Sindicato de Trabajadores de la empresa estatal de hidrocarburos de Perú (Petroperú) demandó la anulación de la venta de la transnacional norteamericana Petro-Tech a un consorcio colombo-surcoreano.

El dirigente sindical petrolero Juan Castillo planteó la demanda al condenar la operación anunciada ayer y objeto además de otros cuestionamientos que la consideran contraria a los intereses peruanos.

Castillo dijo que el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, prometió a los trabajadores impedir la venta de Petrotech, la tercera más importante del país, debido a las irregularidades cometidas por la compañía, pendientes de esclarecimiento y sanción.

Sostuvo que la operación, en la que los compradores pagaron 900 millones de dólares, fue una estafa al país, por la que los trabajadores petroleros podrían denunciar a los responsables ante el Congreso y los tribunales.

Entre las irregularidades que registra Petro-Tech, señaló que explota ilegalmente uno de los 11 lotes petrolíferos a su cargo, pues la parcela pertenece a Petroperú.

Además, porque fue incluida en la venta de la empresa al consorcio formado por las estatales Ecopetrol, de Colombia, y Korean National Oil Corporation, de Surcorea.

Ante la confirmación de la venta de Petro-Tech a esas compañías aumenta el riesgo de impunidad por su posible responsabilidad en los hechos investigados por la Contraloría de la República.

Medios económicos y de prensa señalan que Petro-Tech tiene pendiente cuatro informes negativos de la Contraloría, por irregularidades contractuales en perjuicio del Estado y por impuestos impagos.

Las irregularidades comenzaron en 1993, cuando Petro-Tech firmó un contrato para explorar y explotar un lote de Petroperú, que le cedió un centenar de plataformas submarinas y grandes utilidades, a cambio de apenas 10 millones de dólares anuales y regalías de 16 por ciento.

Cuando se firmó ese contrato, Petro-Tech y su matriz norteamericana, Offshore International Group Inc, eran sólo empresas de servicios como el de transporte de personal para empresas petroleras, y 15 años después tienen un valor de 900 millones de dólares.

El Estado peruano no recibió un centavo de esa operación, pues se realizó en Estados Unidos. Preguntados al respecto, los ejecutivos del consorcio se limitaron a señalar que el presidente Alan García estaba de acuerdo con las condiciones de la operación.